Les comparto una nota que salió publicada el viernes 30 en el Diario LA MAÑANA de Córdoba. Abierto a comentarios.
El afán privatizador de la “gestión Mestre” en la ciudad de Córdoba, no
parece tener límites. Luego de la tercerización del objeto de la empresa
municipal Crese, le toca a la cultura y seguramente después vendrá la
empresa municipal de transporte público de pasajeros, Tamse.
La
ordenanza en discusión hoy en el Concejo Deliberante cede todas las
facultades para disponer de bienes públicos a una entidad que tomará
decisiones sobre el patrimonio público. El Concejo Deliberante es el
órgano que, según la Carta Orgánica Municipal, debe prestar acuerdo en
todos los casos de enajenación de bienes públicos y en muchos casos
deben ser votadas con mayorías agravadas. Es decir con más votos que la
simple mayoría que requiere esta ordenanza de creación de una
“Fundación”. Nuevamente, se utilizan los andamiajes jurídicos en forma
totalmente inconstitucional violando de ley madre del municipio. Los
beneficiados, siempre los mismos, grupos empresarios privados en
detrimento de los intereses de todos los vecinos y vecinas. Las
políticas públicas no pueden ser llevadas adelante por estructuras
privadas, es el Estado quien debe establecerlas y su función no es
concurrir al mercado como un actor más, sino establecer las líneas de
acción por las que se deben encarrilar los intereses propios y de los
particulares. Evidentemente, no es ésta la concepción del actual
Gobierno de la Ciudad de Córdoba, que fundado en su legitimación
electoral, transita peligrosos caminos de inconstitucionalidad en cada
una de sus decisiones y contribuye con ello a la degradación de las
instituciones de la democracia. Las razones de la pretendida y ya
reiteradamente esgrimida emergencia de las finanzas municipales, no
justifica que el Estado municipal se despoje de sus funciones inherentes
y la ceda en beneficio de poderosos intereses privados dando vía libre
de acción y decisión a espaldas de la voluntad de los representantes de
los vecinos. El patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de la
Ciudad son bienes y valores que deben ser resguardados por el propio
Estado municipal. Ceder la facultad de decidir sobre cuáles serán los
espectáculos culturales a que accederán los vecinos a manos privadas, es
tan o más peligroso como decidir cuáles de las edificaciones declaradas
como patrimonio histórico seguirán en manos del Estado (es decir de
todos los cordobeses), o serán cedidas a manos privadas para ser
demolidas o reformadas e incorporarse a emprendimientos privados.
Paralelamente, el municipio encaró una agresiva campaña de recomposición
de ingresos vía fuertes incrementos de impuestos y tasas, que no se han
reflejado todavía en mejoramiento de servicios tales como alumbrado,
bacheo, desmalezado, reparación de semáforos, cuidado de plazas,
etcétera. Y en cambio, lo recaudado parece estar destinado a abonar a
los prestadores de esos servicios públicos tercerizados jugosos
contratos.
En este punto, cabe preguntarse si es esta línea de acción
que los vecinos y vecinas de Córdoba hacen suya, o quieren para la
ciudad; advirtiendo que se están tergiversando los mecanismos de la
democracia, aplicando medidas de neto corte autoritario, a fin de
beneficiar solamente intereses particulares.
Por Graciela Treber, ex concejal de la ciudad de Córdoba
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